El referendo en el Ecuador rechaza el regreso al sistema de solución de controversias entre inversores y Estados, lo que subraya el apoyo público a una vía sostenible

En un referendo del domingo, 21 de abril, la ciudadanía del Ecuador votó categóricamente a favor de que se conservara el artículo 422 de la Constitución de 2008, que impide que se recurra al arbitraje internacional para dirimir conflictos entre el Ecuador e inversores extranjeros o personas naturales que hayan celebrado tratados o instrumentos internacionales.

El resultado del referendo pone de relieve la estrategia del Ecuador, que se elaboró en respuesta a su experiencia negativa con el arbitraje en relación con las inversiones y el sistema de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). Se ha constatado que, en repetidas ocasiones, este controvertido mecanismo, que permite que los inversores extranjeros demanden a los Estados en arbitrajes internacionales, ha obstaculizado las políticas climáticas, la acción por la justicia social y el derecho a regular de los Estados.

El Ecuador ha cargado con varias indemnizaciones costosas en tribunales del sistema de ISDS a favor de los inversores. Por ejemplo, en 2012, un tribunal ordenó que el Ecuador pagara a la petrolera estadounidense Occidental más de 1500 millones de dólares, uno de los montos más grandes que alguna vez se impuso a un Estado. El Ecuador adujo que el monto de la indemnización representaba casi el 9 % del presupuesto anual para 2012 del Ecuador, el 59 % del presupuesto anual que destinaba a la educación y el 135 % del presupuesto anual del país para la salud.

Esta resolución llevó a que el Ecuador abandonara la Convención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones —el principal organismo del mundo encargado de atender conflictos entre los Estados y los inversores extranjeros— y suspendiera sus tratados bilaterales de inversión con otros Estados.

Los riesgos que llevaron a que Ecuador se apartara del sistema de ISDS hace más de una década han agravado aún más la situación, ya que derivaron en indemnizaciones por daños y perjuicios que alcanzan varios miles de millones de dólares. Estos riesgos son especialmente graves en el sector de la minería, el petróleo y el gas, ya que estos sectores han sido usuarios frecuentes del sistema de ISDS y se han visto implicados en indemnizaciones exorbitantes. Estos sectores siguen siendo importantes en el Ecuador y atraen un gran volumen de inversión extranjera. Aún no se ha resuelto la cuestión de las indemnizaciones excesivas en el marco de los tribunales del sistema de ISDS; forma parte de los debates en curso en el Grupo de Trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la Reforma de la ISDS.

El resultado del referendo claramente demuestra el contundente apoyo público al enfoque equilibrado y prudente del Ecuador con respecto al sistema de ISDS, que se sustenta en su difícil experiencia con esta herramienta totalmente deficiente y obsoleta.

La ciudadanía del Ecuador ha dado el mensaje a los responsables políticos del país y la región que el sistema de ISDS no es una necesidad y que si el país opta por celebrar tratados bilaterales de inversión o capítulos de inversión en el marco de acuerdos de libre comercio, estos deberán ofrecer protección adecuada al medio ambiente, las comunidades locales y la acción climática.