Grupo de transportistas mexicanos lanza diferencia contra EUA bajo el Capítulo 11 del TLCAN sobre prohibición de transporte terrestre

Por Fernando Cabrera Diaz
28 de Abril, 2009

El grupo industrial de transportistas mexicanos, CANACAR, ha iniciado un arbitraje bajo el Capítulo 11 contra Estados Unidos, alegando que EUA violó sus compromisos del TLCAN al prohibir a las empresas transportistas mexicanas operar libremente dentro de sus fronteras.

La diferencia en torno al servicio de transporte terrestre transfronterizo entre México y Estados Unidos se originó en 1982 cuando EUA promulgó legislación que establecía una moratoria en la emisión de permisos para que las empresas de transporte extranjeras pudieran operar en EUA. Aunque la moratoria inicialmente se aplicaba tanto a firmas canadienses como a mexicanas, ésta fue luego enmendada para incluir solo a empresas mexicanas.

Cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, EUA aseguró que la moratoria sería eliminada progresivamente. Sin embargo, EUA no cumplió con este compromiso, y en cambio, en 1995 promulgó legislación para extender  la moratoria indefinidamente.

Si bien se permite a los transportistas mexicanos operar en los Estados Limítrofes entre México y EUA o en tránsito a través de los Estados Unidos hacia Canadá, no se les autoriza transportar cargamento internacional dentro de EUA.

En 1995 el gobierno de México recusó la continua moratoria de Estados Unidos a través del mecanismo de resolución de diferencias entre partes del Capítulo 20 del TLCAN. (En el caso: In the Matter of Cross-Border Trucking Services).

En 2001, un panel de cinco miembros concluyó unánimemente que, entre otras cosas, EUA infringió las obligaciones de trato nacional y de nación más favorecida del Capítulo 11. Después del fallo, EUA levantó la prohibición de que ciudadanos mexicanos poseen empresas de transporte americanas, una movida que no resolvió la diferencia dado que las empresas de propiedad mexicana siguen sin recibir los permisos necesarios para operar en EUA.

NTI habló con Pedro M. Ojeda Cárdenas, asesor de CANACAR, quien señaló que EUA no implementó la decisión del tribunal de 2001.
Según el Sr. Ojeda, después de años de negociación, la administración de Bush procuró implementar el fallo del tribunal pero no pudo obtener la aprobación del Congreso. En cambio, la administración creó en 2007 un programa piloto que permitía que empresas de transporte mexicanas inscriptas en el programa operaran en los Estados Unidos.

Sin embargo, el Congreso de EUA se rehusó a financiar el proyecto, presuntamente debido a presiones del Sindicato Teamsters. En marzo de este año, el presupuesto del Presidente Obama descartó el proyecto, induciendo a los demandantes a iniciar su arbitraje.

NTI contactó al Departamento de Estado de EUA, quienes señalaron que no podían comentar sobre el caso, pese a que según su sitio Web intentaran defender la demanda vigorosamente.

En su notificación de arbitraje remitida al gobierno de Estados Unidos el 2 de abril de 2009, la defensa legal de CANACAR acusa a EUA de violar la obligación de nación más favorecida del Capítulo 11, sobre la base de que la política restrictiva impuesta sobre México no se aplica a otras naciones, incluyendo a Canadá. CANACAR también alega la violación de la obligación de trato nacional, dado que los transportistas mexicanos son discriminados frente a sus contrapartes americanas.

Los demandantes argumentan que la política de EUA es una medida proteccionista destinada a proteger a los transportistas americanos de la competencia de las firmas mexicanas cuyos conductores disponen de sueldos significativamente inferiores. EUA, por otro lado, cita cuestiones de seguridad como la razón que yace detrás de esta política.

Pese a que en su notificación de arbitraje no se especifica la suma que reclaman por daños, los demandantes apuntan a un costo estimado de más de US$ 2 mil millones por año debido a la política de EUA sobre las empresas de transporte de propiedad mexicana.