Noticias en Breve
Acuerdo Transpacífico firmado en Auckland; Experto Independiente de la ONU insta a los Estados a garantizar el espacio normativo
El 4 de febrero de 2016, los ministros de comercio de los países de la Cuenca del Pacífico se reunieron en Auckland, Nueva Zelanda, para firmar el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).
En vísperas de la reunión, el Experto Independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, instó a los gobiernos a que emitiesen una declaración interpretativa sobre el TPP, donde reafirmen sus obligaciones en materia de derechos humanos y sus recientes compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En su declaración del 2 de febrero de 2016, Zayas señaló que el TPP “contiene fallas fundamentales y no debe ser firmado o ratificado, a menos que se tomen medidas para garantizar el espacio normativo de los Estado”. Recordó que el acuerdo fue producto de “negociaciones secretas, realizadas sin consultas democráticas a las múltiples partes interesadas” y que el mismo sería firmado a pesar de “la enorme oposición de la sociedad civil en todo el mundo”. El experto además dijo que las contradicciones del acuerdo con el derecho internacional deberán ser impugnadas ante la Corte Internacional de Justicia.
En un informe publicado en agosto de 2015, Zayas había recomendado la abolición del sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés).
Auditoría de Ecuador sobre tratados de inversión: se filtran informes de CAITISA
Tres informes elaborados por CAITISA, la comisión de autoría ciudadana de Ecuador sobre los tratados bilaterales de inversión (TBIs), se filtraron en el periódico online Diagonal el 24 de enero de 2016. CAITISA, conformada por expertos en el área de inversión internacional y derecho internacional, fue creada en 2013 por el Presidente Rafael Correa para evaluar la legitimidad y legalidad de los TBIs ecuatorianos y el impacto de su aplicación. La comisión terminó su trabajo en diciembre de 2015.
En el informe sobre Recomendaciones Finales, CAITISA recomienda que Ecuador denuncie sus TBIs y que negocie nuevos instrumentos, ya sea contratos específicos con inversores extranjeros o tratados de inversión. Estos nuevos instrumentos no deben contener ninguna cláusula de excepción de protección del estilo anterior exceptuando las cláusulas sobre expropiación directa. Además, deberían detallar los derechos del Estado y las obligaciones de los inversores.
En sus observaciones sobre el arbitraje internacional en materia de inversiones, CAITISA recomienda excluir la cláusula de solución de controversias entre inversionista y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) de los TBIs existentes y futuros, y exigir que las demandas se suscriban a los tribunales nacionales. También presenta algunas propuestas para un período de transición, que incluyen: prohibir los intereses compuestos en los laudos por daños, exigir el agotamiento de remedios locales, aumentar la transparencia en los procedimientos, poner límite a los honorarios de los árbitros, emitir declaraciones interpretativas, crear un mecanismo de apelación y establecer una corte permanente de inversión regional o internacional, con jueces permanentes.
Tribunal permanente incluido en el TLC entre la Unión Europea y Vietnam
El 2 de diciembre de 2015, la Unión Europea y Vietnam firmaron un tratado de libre comercio (TLC), cerrando tres años de negociaciones. El texto, publicado el 1 de febrero de 2016, cubre los temas comerciales más tradicionales, tales como SPS y TBT, y la facilitación del comercio, pero también se extiende a otros asuntos tales como la contratación pública, política de competencia, propiedad intelectual, cooperación y capacitación, empresas estatales y transparencia. Tal como otros tratados recientes de la UE, también contiene un capítulo sobre desarrollo sostenible que cubre temas ambientales y laborales.
El capítulo de inversión adopta el enfoque emergente de la Unión Europea con respecto a la protección de las inversiones. También incluye una nueva clase de mecanismo de solución de controversias entre inversionista y Estado, que consiste en un tribunal permanente de nueve miembros para tratar casos de primera instancia y un tribunal permanente de apelación de seis miembros.
Jueces y fiscales alemanes rechazan sistema de tribunales de inversión en el TTIP
En una declaración emitida a principios de febrero de 2016, la Asociación de Jueces de Alemania (conocida por su acrónimo en alemán, DRB) rechazó firmemente la propuesta publicada por la Comisión Europea el 16 de septiembre de 2015 para establecer un Sistema Judicial de Inversión (ICS, por sus siglas en inglés) bajo la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y los Estados Unidos.
La DRB no cree necesario el ICS propuesto, dado que los actuales sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE garantizan el acceso a la justicia y otorgan protección efectiva a los inversores extranjeros. Argumentó que, aun cuando no fuese así, el asunto en cuestión sería abordado por los parlamentos nacionales. Para la DRB, la creación de tribunales especiales no constituye un buen camino para garantizar certeza jurídica.
En la declaración también cuestionó si la Unión Europea posee competencia legislativa para crear un tribunal de inversión. Asimismo, subrayó que dicho tribunal limitaría los poderes legislativos y alteraría el sistema judicial existente, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros.
Por último, la declaración criticó los procedimientos y criterios propuestos para designar a los jueces del ICS, los cuales no cumplirían con los requisitos internacionales de independencia financiera y técnica. Según la DRB, la lista de jueces tendería a limitarse a personas que ya están involucradas en el arbitraje internacional de inversiones, y el ICS surgiría como un foro permanente de arbitraje en lugar de ser un tribunal internacional.
La DRB, fundada en 1909, es la mayor organización profesional de jueces y fiscales de Alemania. El texto oficial de la Opinión No. 04/16 de la DRB está disponible únicamente en alemán.
Comisión intenta reabrir negociaciones del CETA con Canadá para reconsiderar ISDS
Se dice que funcionarios de la UE solicitaron al gobierno federal de Canadá la revisión de la cláusula de ISDS en el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), según informes de CBC News el 21 de enero de 2016. El cierre de las negociaciones del CETA fue anunciado en agosto de 2014. El CETA establece un mecanismo de ISDS más tradicional, que no concuerda con el nuevo enfoque de la Unión Europea sobre un mecanismo más permanente entre inversionista y Estado. Tal como se encuentra redactado actualmente, se considera poco probable que el texto sea aprobado por el Parlamento Europeo.
Centro de Arbitraje de UNASUR a un paso de ser establecido
El 19 de enero de 2016, expertos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se reunieron en Montevideo, Uruguay, para concluir acuerdos sobre el centro regional propuesto para la solución de controversias en materia de inversiones. UNASUR es una organización intergubernamental regional que comprende las 12 naciones sudamericanas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
El texto que establece un centro de solución de controversias, y que aún no se ha hecho público, fue negociado por ministros extranjeros, procuradores generales y ministros de finanzas de la región, mediante la consulta a bancos centrales. Una vez aprobado por los 12 Estados, el centro propuesto podría surgir como un foro alternativo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) a nivel regional.
TransCanada inicia arbitraje en virtud del TLCAN contra Estados Unidos por rechazo del oleoducto Keystone XL*
El 6 de enero de 2016, TransCanada inició un arbitraje contra los Estados Unidos por “dilatar la aprobación de manera irrazonable” del propuesto oleoducto Keystone XL y finalmente denegar dicha aprobación, en noviembre de 2015. La solicitud de la empresa requería un Permiso Presidencial. Alegando que Estados Unidos incumplió sus compromisos de no discriminación, expropiación y trato justo y equitativo asumidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la empresa canadiense solicitó compensación por daños por más de US$15 mil millones.
El gasoducto Keystone XL, que transportaría petróleo crudo desde la provincia canadiense de Alberta a los puertos estadounidenses del Golfo de México, se tornó un asunto político contencioso en los Estados Unidos. Los ambientalistas criticaron la alta intensidad de liberación de carbono a raíz de la extracción de petróleo de las arenas bituminosas de Alberta, y alegaron que el oleoducto iría en contra de los esfuerzos de dicho país para reducir su dependencia en los combustibles fósiles. Mientras tanto, los legisladores Republicanos y varios Estados de los Estados Unidos apoyaron el proyecto.
En su Notificación de Intención, TransCanada subrayó que la revisión de la solicitud se prolongó más de lo común para un proyecto tal como el del oleoducto. La Administración de Obama admitió la demora porque el proyecto se había politizado en Estados Unidos. En una declaración después del rechazo de la solicitud el 6 de noviembre de 2015, el Presidente Obama explicó: “América ahora es líder mundial en cuanto a la toma de acciones serias para combatir el cambio climático. Y francamente, aprobar este proyecto implicaría socavar este liderazgo mundial”.
El mismo día que inició el arbitraje, TransCanada también entabló una demanda en contra de las autoridades federales de los Estados Unidos ante un tribunal estadounidense, reclamando que el rechazo de la solicitud por parte de Obama excedía los poderes constitucionales del Presidente y que faltaba la autorización del Congreso. Este caso de la corte estadounidense se desarrolla en paralelo al del TLCAN, cuya resolución se espera que tome varios años. Hasta la fecha, Estados Unidos nunca ha perdido una demanda entablada en virtud del TLCAN.
Philip Morris pierde arbitraje en la CPA contra Australia por leyes de empaquetado simple
El 17 de diciembre de 2015, un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) emitió su laudo jurisdiccional en el caso que involucra a la gigante tabacalera Philip Morris contra Australia por la legislación promulgada por dicho país en cuanto al empaquetado simple de cigarrillos. De acuerdo con el sitio web de la CPA, el laudo estará disponible para el público una vez que toda la información confidencial haya sido redactada. Philip Morris admitió en un comunicado de prensa que el tribunal no aceptó su competencia sobre el caso. En esta línea, el tribunal no decidió sobre los méritos del caso.
El Senador australiano Peter Whish-Wilson recibió el resultado como una victoria, elogiando esta legislación como una efectiva herramienta de política pública. Sin embargo, advirtió que Australia no está libre de enfrentar demandas similares por parte de empresas extranjeras en virtud de los mecanismos de ISDS contenidos en sus acuerdos de comercio e inversión con China, Corea y los Estados Unidos. “La ISDS es la Espada de Damócles que cuelga sobre la soberanía de Australia y sobre nuestro derecho a legislar en pos del interés público” señaló. El Senador también mencionó que la defensa exitosa contra Philip Morris presuntamente les costó US$35 millones a los contribuyentes australianos.
Comisión Europea cede ante presiones por mayor transparencia en los textos del TTIP
Los 751 Miembros del Parlamento Europeo (MPE) tendrán acceso a todos los documentos confidenciales relacionados con el ATCI. El Parlamento anunció el acuerdo con la Comisión Europea el 2 de diciembre de 2015, después de 11 meses de negociaciones. Según los acuerdos operacionales, los MPEs podrán acceder a los restrictos “textos consolidados” —que reflejan los compromisos entre la UE y Estados Unidos —en una sala segura del Parlamento Europeo, y también podrán tomar notas a mano.
El 4 de diciembre, la Comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, anunció que las salas de lectura serán establecidas en las capitales de los 28 Estados Miembros de la UE para permitir que los miembros nacionales del Parlamento (MPs) analicen los textos consolidados. El anuncio fue realizado por Malmström cuando se dirigía a Norbert Lammert, Presidente del Bundestag(Cámara baja del Parlamento alemán), respondiendo a la solicitud realizada por el mandatario en 2015 para que los MPs de Alemania tuvieran acceso a los documentos en cuestión.
Una semana antes de ambos anuncios, The Guardian había obtenido documentos que presuntamente revelaban que la Comisión había dado acceso a la empresa petrolera estadounidense, ExxonMobil, a las estrategias confidenciales de la UE en las negociaciones del ATCI. La Comisión negó estas acusaciones.
*El equipo editorial desea hacer un reconocimiento, agradeciendo mucho la contribución de Jacob Greenberg, Geneva International Fellow de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y pasante del Programa de Inversiones para el Desarrollo Sostenible del IISD.