Tribunal del CIADI dictamina que Croacia violó las obligaciones de expropiación bajo el TBI entre Austria y Croacia

Georg Gavrilović y Gavrilović D.O.O. vs. La República de Croacia, Caso del CIADI No. ARB/12/39

En un laudo del 26 de julio de 2018, un tribunal del CIADI consideró las demandas entabladas contra Croacia por Georg Gavrilović, un nacional australiano, y por Gavrilović d.o.o., una empresa establecida bajo el derecho croata. El tribunal confirmó la demanda de expropiación directa bajo el TBI entre Austria y Croacia, otorgando a los demandantes alrededor de EUR 3 millones en compensación, pero denegó las demandas restantes.

Antecedentes de hecho y demandas

Cuando la república comunista de Yugoslavia fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, la empresa productora de carne perteneciente a la familia de Georg Gavrilović pasó a ser propiedad social. Entre el colapso de Yugoslavia en 1989 y la guerra de independencia croata en 1991, la empresa hizo una transición a compañía de propiedad privada, conformada por un grupo financiero y nueve sociedades de responsabilidad limitada.

Cinco de las nueve sociedades fueron declaradas en bancarrota. El tribunal de quiebras autorizó la venta de cinco empresas en bancarrota a través de una licitación pública, y el Sr. Gavrilović presentó la única oferta en noviembre de 1991. El administrador judicial y el Sr. Gavrilović celebraron un contrato de compraventa, que disponía la compra de cinco sociedades junto con sus bienes, pero no especificaba de qué bienes se trataba exactamente.

Según los demandantes, el contrato de compraventa confirmaba los derechos del Sr. Gavrilović como propietario de las cinco empresas (colectivamente, Gavrilović d.o.o., el otro demandante en el arbitraje). Croacia, sin embargo, alegó que el Sr. Gavrilović formaba parte de un plan fraudulento para declarar a las empresas en bancarrota y asegurarse su propiedad.

Defendiendo la legitimidad de la compra, los demandantes alegaron que Croacia había menoscabado, desprotegido, promovido y finalmente expropiado la inversión del Sr. Gavrilović.

Tribunal posee jurisdicción sobre la controversia; demandas encontradas admisibles

Croacia argumentó que el tribunal no tenía jurisdicción sobre las demandas, porque Croacia no prestó su consentimiento a arbitraje al considerar la “orquestación” del Sr. Gavrilović para declarar la bancarrota en violación del derecho croata. El tribunal, sin embargo, concluyó que de hecho el tribunal de quiebras –un órgano del Estado– había orquestado la bancarrota como parte de un quid pro quo a cambio de la asistencia del Sr. Gavrilović para el contrabando de divisas fuera del país para apoyar la guerra de independencia de Croacia.

Croacia también argumentó que la inversión fue realizada ilegalmente, tornando las demandas inadmisibles. Sin embargo, el tribunal concluyó que Croacia no pudo probar las presuntas ilegalidades. Además, el tribunal dictaminó que, pese a que el contrato de compraventa otorgaba jurisdicción al Tribunal Regional de Comercio de Zagreb sobre las controversias surgidas de dicho contrato, la cláusula paraguas del TBI tornaba las demandas admisibles.

Croacia viola obligaciones de expropiación directa

Los demandantes alegaron que Croacia expropió directa e ilícitamente los bienes inmuebles de Gavrilović d.o.o. al registrar al Estado como su propietario, violando el Artículo 4(1) del TBI. Los lotes fueron registrados por el Estado bajo el Artículo 362(3) de la Ley de Propiedad, otorgando a Croacia los derechos de propiedad de todos los bienes bajo propiedad social en Croacia en caso de que la propiedad de tales bienes no haya sido determinada; toda persona que afirmara lo contrario tendría la carga de la prueba. El tribunal concluyó que esta disposición de la Ley de Propiedad era expropiatoria siempre y cuando la confirmación de propiedad de Croacia no pudiera ser revertida sin una acción adicional de los demandantes, por ejemplo, a través de los tribunales nacionales. Por lo tanto, concluyó que Croacia utilizó esta disposición de manera expropiatoria.

Los demandantes además argumentaron que Croacia expropió indirectamente las propiedades de Gavrilović d.o.o impidiéndole su registro. El tribunal, sin embargo, concluyó que los demandantes nunca intentaron registrar la propiedad, y que, por lo tanto, no podían alegar que se les impidió hacerlo. El tribunal también rechazó los argumentos de los demandantes de que Croacia expropió los derechos contractuales del Sr. Gavrilović bajo el contrato de compraventa ya que no había derechos contractuales capaces de ser expropiados.

Tribunal rechaza demandas de TJE

El resto del análisis del tribunal aborda los argumentos restantes con respecto a los cuales los demandantes aun no demostraron una violación del TBI. En su análisis, el tribunal, citando los casos Tecmed vs. México y El Paso vs. Argentina, concluyó que la violación de una expectativa legítima y razonable de un inversor puede resultar en una violación del estándar de TJE. El tribunal además determinó que no puede haber expectativas legítimas con respecto a una propiedad de la cual los demandantes no poseen derechos de propiedad o contractuales.

Posteriormente, el tribunal analizó si los demandantes tenían la expectativa legítima de que Gavrilović d.o.o. podría registrar la propiedad de los bienes. Croacia argumentó que ni el contrato de compraventa (donde no se especificó qué bienes serían vendidos con las empresas) ni ningún otro documento o declaración brindaron a los demandantes una expectativa legítima en torno al título o la capacidad de registrar las propiedades reclamadas.

El tribunal finalmente concluyó que, dado que los demandantes no probaron que Croacia había hecho declaraciones o dado garantías de que los demandantes irían a comprar un derecho registrable de toda la propiedad reclamada, el Sr. Gavrilović no podría haber creído legítima o razonablemente que podría registrar la propiedad sobre todos los bienes. Sin embargo, tribunal dictaminó que el Sr. Gavrilović efectivamente tenía expectativas razonables y legítimas de que poseía un título de propiedad registrable por medio del cual podría probar su propiedad.

Los demandantes argumentaron que la acción de anulación por parte del Estado para anular el contrato de compraventa, una investigación penal de las acciones del Sr. Gavrilović y la consecuente campaña pública lanzada en su contra habría tornado probable que no pudieran vender o hipotecar los bienes inmuebles en ausencia de documentación adicional de Croacia, violando las expectativas legítimas de los demandantes. También argumentaron que no se les permitió registrar o mejorar las propiedades y que Croacia había vendido las propiedades de los demandantes basándose en la acción de anulación pendiente. Sin embargo, el tribunal concluyó que los daños alegados eran demasiado hipotéticos y que no había un vínculo casual entre la investigación y la incapacidad de los demandantes para registrar la propiedad u obtener financiamiento.

El tribunal consideró las otras demandas de TJE, pero finalmente no encontró violación alguna. También indicó que los demandantes no argumentaron ni demostraron que Croacia había violado la legislación, procedimientos o las nociones internas de proceso debido como parte de sus demandas de TJE.

Tribunal deniega demandas de cláusula paraguas y de trato nacional

Los demandantes afirmaron que, bajo la cláusula paraguas del TBI, Croacia estaba obligada por los términos del contrato de compraventa, y que había violado tales cláusulas al no honrar sus términos. El tribunal, sin embargo, concluyó que el contrato de compraventa fue celebrado entre el Sr. Gavrilović y las cinco sociedades presentadas en bancarrota por el administrador judicial; Croacia no era una parte del contrato de compraventa, y por lo tanto, no era responsable ante los demandantes por ninguna obligación allí contenida (párrafo 1159).

Adicionalmente, bajo la cláusula de trato nacional del Artículo 3(1) del TBI, los demandantes alegaron que fueron tratados de manera menos favorable que un nacional croata, Davor Imprić, quien había comprado y registrado una parcela de tierra de los bienes de una de las empresas en bancarrota de Gavrilović. El tribunal finalmente desestimó la demanda. Consideró que los demandantes y el Sr. Imprić no se encontraban bajo circunstancias similares, porque el Sr. Imprić había comprado y solicitado la propiedad de solo una parcela de tierra de las nueve empresas, mientras que los demandantes solicitaron la propiedad de muchas parcelas de tierra; los términos de los respectivos contratos de compraventa eran diferentes; los demandantes no pudieron probar sus derechos de propiedad sobre los lotes. Por estas razones, el tribunal desestimó la demanda de violación de trato nacional.

Daños

Habiendo concluido que Croacia expropió directamente los lotes confiscados, en violación del Artículo 4(1) del TBI, el tribunal otorgó a Gavrilović d.o.o. HRK 9.699.463,73 y EUR 1.658.960,49 por daños más intereses compuestos. Croacia también debió pagar el 30 por ciento de las costas legales y otros gastos de los demandantes y el 30 por ciento de los costos de arbitraje, más intereses sobre ambos montos.

Notas: El tribunal estuvo compuesto por Michael Pryles (presidente designado por las partes, nacional australiano), Stanimir Alexandrov (nominado por los demandantes, ciudadano búlgaro) y J. Christopher Thomas (designado por la demandada, nacional canadiense). El laudo está disponible en https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw9887.pdf

Kirrin Hough es abogada estadounidense en Washington, D.C., Estados Unidos.