Tribunal del CIADI acepta jurisdicción sobre demanda de inversor bajo TBI entre Reino Unido y la República Checa, pero falla a favor de Chequia

A11Y Ltd. vs. República Checa, Caso del CIADI No. UNCT/15/1

Un tribunal del CIADI falló a favor de la República Checa en un caso iniciado por A11Y Ltd. (A11Y), una empresa que brinda soluciones de tecnología de asistencia (AT, por sus siglas en inglés) para personas con discapacidad visual. El procedimiento fue dividido, y el laudo final fue dictado el 29 de junio de 2018.

Antecedentes y demandas

A11Y, una empresa británica, después de registrar una sucursal en la República Checa, asumió las actividades de soluciones de AT de BRAILCOM o.p.s. (BRAILCOM), una empresa checa que brindaba soluciones tecnológicas a personas no videntes y con discapacidad visual.

La República Checa, en enero de 2012, promulgó la Ley para Proveer Prestaciones a Personas con Discapacidad de Salud (Ley). La Ley dispone el otorgamiento de subsidios a personas con discapacidad, incluyendo a las no videntes. Los subsidios se limitaron a un importe absoluto (CZK 800.000 por solicitante para cinco años) y un importe por una asignación única (CZK 350.000 por asignación). Se requería al beneficiario el pago del 10 por ciento de la asistencia para la cual se solicitaba la prestación. En el Artículo 9(10) se especifican las características de la prestación otorgada como asistencia: (a) en su versión básica, (b) que satisfaga las necesidades particulares del solicitante, y (c) que sea la opción menos económicamente demandante para hacerlo.

El 21 de mayo de 2013, la Oficina de Trabajo checa, a cargo de administrar la Ley, recibió una carta de Transparency International (Carta de TI) alegando que BRAILCOM había estado contactando personas elegibles para recibir asistencia bajo la Ley. Según la carta, BRAILCOM sugería a aquellas personas que celebraran un acuerdo con poder notarial para organizar su solicitud para recibir una prestación de asistencia especial con la Oficina de Trabajo. Conforme a dicho acuerdo, como bonificación, la empresa pagaría al solicitante el 10 por ciento del aporte legal.

Después de recibir la carta, el Ministerio de Trabajo (Ministerio) emitió una declaración definiendo los criterios establecidos en la Ley para garantizar que los requisitos fueran evaluados eficazmente en cada solicitud y para permitir que la Oficina de Trabajo adopte un enfoque uniforme para todas las solicitudes (Declaración de julio). Particularmente, estipulaba que, cuando la asistencia solicitada consistía en varios elementos individuales funcionalmente independientes, el solicitante debía presentar una lista de elementos y sus precios respectivos. Además, otros servicios, tales como entrenamiento, o productos accesorios, tales como fundas protectoras o bolsos de computadoras portátiles, no podrían ser considerados como la versión básica de una asistencia y, por lo tanto, no se encontraban cubiertos por la Ley.

A11Y inició un arbitraje contra la República Checa en 2014 en virtud del TBI entre el Reino Unido y la República Checa. Alegó que, después de la Declaración de julio, cuatro medidas supuestamente tomadas por la República Checa destruyeron su inversión en el país y provocaron su insolvencia: (a) en reiteradas ocasiones, representantes checos indicaron a muchos clientes de A11Y que solicitaran sus prestaciones AT a los competidores de A11Y, (b) la República Checa denunció a A11Y en la televisión nacional en horario estelar por aplicar “sobreprecio”, (c) dio información confidencial y de precios de A11Y a sus competidores, y (d) manipuló las evaluaciones independientes de sus soluciones de AT. Asimismo, A11Y reclamó una compensación de CZK 564.719.000 por la violación de la disposición del TBI sobre expropiación indirecta y progresiva.

Jurisdicción: conocimientos técnicos y fondo de comercio califican como inversiones bajo el TBI

Pese a que el procedimiento fue dividido para abordar las objeciones jurisdiccionales en la primera etapa, el tribunal reservó para la etapa de los méritos su decisión de determinar si A11Y había realizado una inversión calificada en la República Checa al momento de la constitución.

El tribunal hizo referencia al lenguaje llano del Artículo 1(a) del TBI, el cual define la “inversión” como “todo tipo de activos pertenecientes a un inversor…”. De esta manera, remarcó que el TBI no exigía ninguna calificación de la inversión, por ejemplo, que los activos fueran transferidos para su consideración, que haya un flujo de fondos del Reino Unido a la República Checa o que haya una transacción subyacente. Además, remarcó que el procedimiento fue iniciado en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, el cual no tenía un equivalente en el Artículo 25 del Convenio del CIADI.

Por consiguiente, el tribunal decidió no interpretar una limitación en el TBI dado que no existe ninguna. Sostuvo que los activos de A11Y en la República Checa, tales como conocimientos técnicos y el fondo de comercio, constituían una inversión calificada.

Análisis de expropiación indirecta y progresiva

A11Y argumentó, primero, que las cuatros medidas adoptadas por la República Checa tuvieron un efecto expropiatorio de sus inversiones; segundo, que las acciones fueron discriminatorias; y tercero, que no estaban motivadas por un propósito público. A su vez, la República Checa argumentó que la insolvencia de A11Y no se dio a causa de las cuatro medidas sino por su propio modelo de negocios.

El tribunal determinó que la Declaración de julio fue una medida regulatoria de buena fe ya que se aplicó a personas con una discapacidad, y no solo a aquellas visualmente discapacitadas. El lenguaje utilizado en la Declaración de julio, explicó el tribunal, estaba dirigido uniformemente a todas las empresas que brindan asistencia a diferentes grupos de personas con discapacidad y no apuntaba a A11Y. Pese a que la Declaración en cuestión fue emitida después de la recepción de la Carta de TI, el tribunal concluyó que no estaba dirigida ni discriminó a A11Y.

El tribunal concluyó, a partir de la evaluación de los testigos, que el modelo económico de A11Y era “económicamente insostenible desde una perspectiva a largo plazo” (párrafo 221) en el ambiente regulatorio creado por la Declaración de julio. Remarcó que, en la implementación de esta Declaración, algunos empleados de la Oficina de Trabajo actuaron de manera indebida, presionando a los clientes para que dejasen de comprar a A11Y y que solicitaran las prestaciones de sus competidores y compartiendo la información de propiedad comercial de A11Y con los competidores de dicha empresa. También aceptó que el informe de TV perjudicó a A11Y y provocó la pérdida de más clientes y órdenes de compra.

Pese a que el tribunal intentó separar el efecto de la pérdida de clientes y órdenes de A11Y producto de las acciones indebidas de los empleados de la Oficina de Trabajo del efecto de la reducción significativa en los precios de A11Y y la falta de cobertura de extras, tales como entrenamiento como resultado de la Declaración de julio, este no logró hacerlo.

Decisión y costos

Consecuentemente, el tribunal sostuvo que la evidencia presentada resultaba inapropiada para concluir que la conducta de República Checa y la resultante pérdida de clientes y órdenes hubieran causado la desaparición del negocio de A11Y, independientemente del efecto de la Declaración de julio. Por lo tanto, A11Y no cumplió con la carga de la prueba para demostrar que la República Checa, por medio de sus acciones, expropió indirecta e ilícitamente la inversión de A11Y. El tribunal ordenó a A11Y el pago de todos los costos del arbitraje y a cada parte sus respectivas costas legales.

Notas: El tribunal estuvo compuesto por L. Yves Fortier (presidente, designado conjuntamente por los co-árbitros, nacional canadiense), Stanimir A. Alexandrov (designado por la demandante, nacional búlgaro) y Anna Joubin-Bret (designada por la demandada, nacional francesa). El laudo está disponible en https://www.italaw.com/cases/5183

Trishna Menon es asociada de Clarus Law Associates, Nueva Delhi, India.