Del 25 al 29 de octubre, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las Empresas Transnacionales y Otras Empresas con respecto a los Derechos Humanos celebró su séptimo período de sesiones por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por medio de la Resolución 26/9, para elaborar un elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.

Gracias al diligente trabajo y la competente dirección del presidente del Grupo de Trabajo, el Embajador de Ecuador, Emilio Rafael Izquierdo Miño, el proyecto de un Instrumento Jurídicamente Vinculante (LBI, por sus siglas en inglés) sobre las Empresas y los Derechos Humanos finalmente entró en la etapa de negociación sustantiva basada en el texto elaborado por los Estados miembros de la ONU tras 6 años de deliberación. 

Durante una sesión híbrida, intensa pero constructiva, que se prolongó por una semana, y que se basó en el texto del tercer proyecto revisado del LBI elaborado por el presidente y distribuido antes de la Sesión, delegados de los Gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales intercambiaron opiniones y realizaron propuestas concretas sobre el texto y artículo por artículo, para mejorar en mayor medida el contenido del futuro LBI. Gracias al trabajo meticuloso de los colegas de la Secretaría de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por primera vez en 6 años, los cambios sustantivos y las propuestas de texto concretas de los Estados miembros se encuentran reflejados en tiempo real frente a los negociadores y observadores de todos los rincones del mundo, facilitando así el debate y el intercambio de opiniones pese a los desafíos que ha planteado la pandemia.

Sin embargo, detrás de este avance destacable y aparentemente promisorio, importantes desafíos aún arrojan nubes oscuras sobre el futuro de este importante proceso. Entre los 70 Estados que asistieron a la sesión, sólo una cuarta parte registraron sus propuestas de texto concretas o reservas a los documentos de negociación. Otros permanecieron en silencio o expresaron su oposición para participar en las negociaciones basadas en los actuales textos al comienzo de la sesión. 

Por ejemplo, Estados Unidos, que participó en el Grupo de Trabajo por primera vez desde que se estableció 6 años atrás, propuso que en lugar de centrarse en las obligaciones y responsabilidades vinculantes contra los abusos de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales, el Grupo de Trabajo debería explorar un enfoque alternativo, como un acuerdo marco vinculante basado en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos que todas las partes interesadas incluida la comunidad empresarial podrían apoyar. Los delegados de Japón y el Reino Unido también expresaron la necesidad de un enfoque alternativo. Esta propuesta evocó importantes objeciones por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que temen que un paso atrás de este tipo desperdicie los enormes recursos que las partes interesadas ya han aportado para hacer avanzar el LBI hasta aquí, causando un golpe catastrófico a todo el proceso. 

Otros Estados se mostraron más preocupados por la calidad del proyecto actual. Por ejemplo, Estados como Suiza y Rusia dejaron en claro que no estaban listos para participar en la negociación basada en el actual texto debido a la ambigüedad y los vacíos que presenta el mismo. Similarmente, pese a que la Unión Europea y sus E     stados miembros anunciaron su intención de trabajar con la presidencia para desarrollar un LBI basado en el consenso, el bloque limitó sus intervenciones para solicitar una aclaración sobre determinadas cuestiones sin realizar ninguna propuesta concreta.

Además, pese a que muchos Estados (en su mayoría de América Latina y África así como también de Asia, que incluyen a China, Indonesia, Irán, Palestina y Pakistán) presentaron propuestas de texto concretas durante la sesión con el fin de mejorar el actual proyecto, estas propuestas cubren un amplio espectro de posturas, que a menudo parecen dejar poco margen de compromiso. Tal como sucedió en las sesiones anteriores, aún existe un amplio desacuerdo entre los Estados sobre el ámbito de aplicación general del LBI (si su cobertura debería limitarse a las empresas transnacionales o si debería extenderse también a las empresas nacionales); si el instrumento debería imponer alguna obligación internacional directamente a las empresas (y si las obligaciones de diligencia debida deberían extenderse a todas las cadenas de suministro); los tipos de responsabilidad que deberían cubrirse (administrativa, civil o penal); si el LBI debería imponer la jurisdicción extraterritorial de los tribunales nacionales por presuntos abusos de derechos humanos; y si el LBI debería establecer la supremacía de los derechos humanos sobre otra legislación internacional. 

Para aquellos que siguieron las sesiones anteriores, está claro que muy pocos Estados cambiaron su postura a lo largo de los años. Pese a ser recordados en repetidas ocasiones que el actual texto de negociación consolida todos los comentarios recibidos durante los pasados 6 años, y que deben asumirse ciertos compromisos para garantizar el mayor apoyo posible para avanzar, algunos delegados continuaron presentando propuestas al texto que ya habían sido revisadas y rechazadas por otros en el pasado, tornando prácticamente imposible llegar a un consenso entre los Estados. 

Para alentar y facilitar en mayor medida la participación activa de los Estados en el proceso, al cierre de la sesión, la presidencia anunció que no tenía la intención de elaborar más textos revisados en el futuro. En cambio, invitará a un grupo de embajadores con sede en Ginebra tales como “Amigos de la Presidencia” con la esperanza de que el proceso pueda avanzar a través de consultas informales. Con el apoyo de estos amigos, se elaborará un proyecto de texto actualizado basado en los actuales documentos en negociación con propuestas adicionales que será enviado para mayor deliberación por parte de los delegados el año próximo. 

Sin embargo, esto coloca todavía mayor presión sobre la presidencia, al menos a corto plazo. Todos los ojos están puestos en que el presidente garantice que este grupo de “Amigos de la Presidencia” sea conformado y que funcione de manera justa, equitativa y transparente y que, de hecho, pueda ayudar a la presidencia a alcanzar el resultado que el Consejo encargó al Grupo de Trabajo para abordar las inquietudes planteadas por muchos defensores de derechos humanos de todo el mundo. Al mismo tiempo, es necesario que los Estados demuestren mayor voluntad política para evitar que todo este proceso se convierta en un ejercicio inútil. Después de todo, al adoptar la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos, en la cual se le otorgó el mandato de dirigir este proceso, los Estados claramente vieron la necesidad de regular las actividades de las empresas transnacionales para prevenir      y remediar los abusos a los derechos humanos. Ha llegado el momento de que los Estados entren en acción. 

La Secretaría ha subido el resumen del proyecto de informe del 7º Período de Sesiones. El Anexo II de este documento contiene las propuestas de texto concretas presentadas por los Estados durante la sesión. 

El autor desea agradecer a Nathalie Bernasconi-Osterwalder, Kinda Mohamadieh y a Daniel Uribe por sus valiosos comentarios sobre borradores anteriores.

Autor

Joe Zhang es asesor legal senior del Programa de Derecho y Políticas Económicas del IISD.