El Gobierno de Kenia ha ordenado que la supervisión parlamentaria y la participación pública sean constitucionalmente obligatorias en el proceso de aprobación de cualquier TBI. Si bien esa misma participación parlamentaria ha sido menor que su potencial deseado, aún podría jugar un papel muy valioso para garantizar que las negociaciones de TBI sean abiertas y transparentes, y que el público tenga conocimiento y se involucre en el proceso de formulación de tratados y lo que ello significa. Este artículo analiza las lecciones aprendidas de la experiencia de Kenia con los TBI y la ISDS hasta la fecha. El autor argumenta que el fallo de la Corte Suprema de Kenia, por medio del cual se declaró que los convenios de doble imposición no requieren la supervisión y aprobación del poder legislativo, no debería ser considerado un ejemplo para el gobierno mientras analiza revisar sus procesos de formulación de tratados de inversión.